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Cainco critica proyecto de ley que suaviza sabotaje industrial

 

Cainco critica proyecto de ley que suaviza sabotaje industrial

Experiencia BCP

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La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), cuestionó el proyecto de ley 275/19 que reduce las penas sobre delitos de sabotaje, porque atenta contra la libertad de trabajo y la propiedad privada en el país.

“Quitarle a una persona la libertad de acceder a su puesto de trabajo, y perjudicar el normal funcionamiento de una empresa, es ir contra la fuente de ingresos de la familia boliviana que precisa cubrir diariamente sus necesidades básicas”, señaló Fernando Hurtado, presidente de la Cainco al referirse al proyecto de ley que atenúa los delitos de sabotaje y atentados contra la libertad de trabajo.

La propuesta normativa pretende, entre otros aspectos, disminuir la pena en el delito de sabotaje de 8 a 4 años y eximir de responsabilidad a aquellos dirigentes que paralicen las actividades empresariales y tomen predios productivos en el marco de un conflicto laboral.

“De aprobarse este proyecto de ley, se estaría dando carta blanca para que los dirigentes perjudiquen al sector productivo, con los efectos negativos que esto conlleva para la economía nacional. Viabilizar esta norma sería ir en contra flecha con las necesidades del país, afectando seriamente a la generación de fuentes de empleo sostenibles para las familias bolivianas”, advirtió Hurtado.

En criterio de Cainco,  esta norma debe ser descartada por las autoridades competentes, toda vez que atenta contra la propiedad privada y promueve la confrontación laboral, aspectos que están constitucionalmente protegidos y son la base para el desarrollo armónico de la actividad económica en Bolivia.

La propuesta  de ley fue aprobada el jueves, en sus estaciones grande y en detalle, en la Cámara de Diputados, y fue enviada sin modificaciones a la Cámara de Senadores para su tratamiento.

Un comunicado de prensa de esa instancia legislativa  da cuenta de que la norma aprobada “posibilita el resarcimiento de daños, protegiendo los derechos de las y los trabajadores organizados y la protección a los empleadores de llegar al resarcimiento. Esta norma permite negociar de una mejor manera entre las partes afectadas”.

El proyecto de ley fue rechazado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que considera que la norma busca “eximir de responsabilidad legal a los dirigentes sindicales, actuando en el marco de un conflicto laboral y en el ejercicio del derecho a la huelga, incurran en los delitos antes mencionados, lo cual, en la práctica, significaría otorgar privilegios especiales a algunos ciudadanos en relación con los demás habitantes del país”.

La diputada Betty Yañiquez, aclaró  que no  se busca la impunidad de los dirigentes laborales.

Publicado el Lunes, 20 de Mayo de 2019

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