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ECONOMíA BOLIVIA
La minería se desploma y estiman que el 40% del oro extraído es ilegal

 

La minería se desploma y estiman que el 40% del oro extraído es ilegal

Experiencia BCP

LOS TIEMPOS

La caída del precio internacional de los minerales y el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus provocaron una caída brusca en la producción y exportación de minerales. A noviembre de 2020, los ingresos por la exportación de minerales bajaron en 31 por ciento.

Sin embargo, la explotación y comercialización ilegal de oro, el metal con mayor valor en el mercado, representa otro grave problema para el sector. Según expertos, ante la falta de fiscalización y control estatal, al menos un 40 por ciento del oro extraído no se reporta oficialmente y es comercializado vía contrabando.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre enero y noviembre de 2020, los ingresos por venta de minerales alcanzaron un valor de 1.326,6 millones de dólares, monto inferior en al menos un 31 por ciento en relación a los 1.910,3 millones obtenidos en similar periodo de 2019.

El reporte del INE muestra que los ingresos mensuales por ventas externas de minerales se mantenían por encima de los 120 millones de dólares, pero en marzo de 2020 cayeron bruscamente a 7,6 millones.

En opinión del analista en minería y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, la caída del sector minero en 2020 se da a raíz de factores vinculados a la pandemia, que obligó al cese de operaciones durante varios meses.

La reducción del precio internacional de los minerales es otro factor, al que se suma la crisis en el sector estatal relacionada con la pérdida de mercado de la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), que derivó en la exportación de concentrado de estaño sin que éste sea fundido. A decir de Córdova, esto representa un retroceso de al menos 50 años para el sector minero.

Pero el especialista observa otro factor que incide en la caída del sector minero: la extracción ilegal de oro en un contexto marcado por el elevado precio del metal, pues en algunos meses del 2020 el precio de la onza troy (equivalente a 31,10 gramos) llegó a 2.000 dólares.

La exportación con marcados altibajos es un factor que, según Córdova, refleja la falta de control por parte del Estado a la explotación aurífera. Menciona que Bolivia exporta en una gestión al menos 42 toneladas de oro, en la siguiente 20, después sube a 35, vuelve a descender a 15 y posteriormente retorna a 40.

“Esta oscilación es el reflejo de una falta de control de parte del Estado y también se está produciendo ese mismo efecto este año”, dijo.

Córdova indica que gran parte de la explotación de oro en Bolivia no es reportada de manera oficial y se comercializa vía contrabando, es decir, sin efectuar el pago de regalías e impuestos, lo que genera un daño económico al Estado.

Aunque señala que es difícil estimar el porcentaje de oro que se comercializa de manera ilegal, indica que las oscilaciones entre un año alto y uno bajo permiten tener una idea de la magnitud del negocio ilegal. Menciona, a modo de ejemplo, las ventas de 2019 que llegaron a 42 toneladas y de 2020 que alcanzaron las 25 toneladas.

“Entonces podríamos decir que hay 17 toneladas explotadas de manera irregular o en algún caso hasta clandestina, pero no tenemos otro parámetro para comparar porque el control no es lo suficientemente efectivo”, explica Córdova.

En base al ejemplo del especialista, se puede inferir que al menos un 40 por ciento del oro es comercializado de manera ilegal.

El analista en minería José Padilla coincide en que existe una importante extracción ilegal de oro en Bolivia y que ello genera un daño económico al Estado porque, al comercializar el producto vía contrabando, se omite el pago de regalías e impuestos.

“Se extrae mucho más de lo que se reporta. El tema fundamental radica en que ellos no declaran el tema del oro y el Estado pierde divisas”, menciona Padilla.

Impiden fiscalización

Según Córdova, ante la evidente actividad ilegal, técnicos de la Gobernación de La Paz efectuaron en agosto de 2020 una inspección en las zonas de extracción ilícita de oro (en el norte del departamento), pero no lograron tener acceso al lugar “como si se tratara de un Estado diferente”.

“Esto es una muestra de una actividad de explotación de oro que no está totalmente registrada y, por lo tanto, no se sabe en qué dimensión se estará explotando verdaderamente este metal”, señala el especialista.

Finalmente, advierte que un aspecto también delicado es la explotación de oro por grupos que no son cooperativas ni empresas privadas, pero que extraen el mineral de manera clandestina.

El 98 por ciento de explotación aurífera en Bolivia está en manos de cooperativas que, en la mayoría de los casos, se asocian con empresas privadas extranjeras, pese a que la Ley 535 prohíbe este tipo de asociaciones.

INDUSTRIALIZAR Y FORMAR TÉCNICOS, TAREA PENDIENTE

Una de las medidas inmediatas que requiere el sector minero es la semiindustrialización e industrialización, puesto que actualmente la mayor parte de los minerales se exporta como concentrado. Sin embargo, la formación de recursos humanos especializados en el área es otra materia pendiente.

A estas conclusiones llega el analista en minería y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova.

El experto señala que la venta de concentrado genera una serie de descuentos en el comercio internacional y reduce los ingresos para el Estado.

“La primera acción que debería tomar el Estado es pasar a un proceso de semiindustrialización y después industrialización, empezando por el zinc, que es el metal más vendido de Bolivia; hay procesos que son ecológicamente aceptables y rentables”, dijo.

Córdova también señala la urgencia de trabajar en la formación de recursos humanos especializados en minería. Afirma que la cantidad de estudiantes de carreras relacionadas con el sector es reducida en las universidades de La Paz, Oruro y Potosí.

Ante el déficit de profesionales especializados en minería, Córdova afirma que las empresas traen técnicos de Perú, Brasil y Chile.

Por otro lado, considera que la exploración también debe ser inmediata, para lo cual se necesita seguridad jurídica.

Publicado el Martes, 12 de Enero de 2021

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