La adquisición de Activision Blizzard Inc. por US$69.000 millones por parte de Microsoft Corp. tiene una nueva oportunidad de obtener la aprobación de los reguladores del Reino Unido después de que el gigante tecnológico presentara un acuerdo sustancialmente diferente al organismo antimonopolio del país.

En un movimiento poco habitual, la Autoridad de Competencia y Mercados abrirá una nueva investigación sobre el acuerdo después de que Microsoft dijera que daría a Ubisoft Entertainment SA los derechos para distribuir juegos de Activision a nivel mundial, aliviando potencialmente las preocupaciones que el regulador tenía sobre el dominio en el mercado de juegos en la nube.

En París, Ubisoft subió hasta 9,2% el martes, el mayor movimiento intradía desde febrero. Microsoft apenas varió en las operaciones previas al mercado estadounidense, mientras que Activision subió 1,1%. Activison cotiza actualmente en torno a los 91 dólares por acción, frente a una oferta de US$95.

La reconsideración de una decisión de fusión de la CMA a estas alturas es increíblemente rara y se produce tras una serie de giros dramáticos en las batallas regulatorias globales del acuerdo. El acuerdo, que hasta hace poco se creía moribundo, cobró un impulso inesperado después de que el Reino Unido aceptara examinar nuevas pruebas. En EE.UU., Microsoft superó el desafío judicial de la Comisión Federal de Comercio. En mayo, la Unión Europea autorizó el acuerdo con medidas correctivas.

"Antes nos preocupaba mucho que Microsoft pudiera controlar el desarrollo del mercado", dijo Sarah Cardell, directora ejecutiva de la CMA, en una entrevista en Bloomberg Radio. "Lo que vemos con este nuevo acuerdo, y tendremos que comprobarlo cuidadosamente a través de nuestra revisión, es que en lugar de que Microsoft pueda controlar cómo se utilizan esos derechos de streaming en la nube, ese control pasará a una empresa independiente".

Mientras sorteaba obstáculos regulatorios, Microsoft incumplió el plazo del 18 de julio previsto en el acuerdo original -firmado en enero de 2022- para cerrar la adquisición. Activision aceptó ampliar el plazo hasta el 18 de octubre para dar más tiempo a Microsoft a limar los obstáculos restantes.

Microsoft pidió en julio al regulador británico que reconsiderara su veto de abril alegando que la situación había "cambiado materialmente", dada la decisión del tribunal estadounidense y el posterior acuerdo al que llegó para licenciar el exitoso título de Activision Call of Duty a su rival Sony Group Corp.

"En virtud de la transacción reestructurada, Microsoft no estará en condiciones ni de lanzar los juegos de Activision Blizzard exclusivamente en su propio servicio de streaming en la nube - Xbox Cloud Gaming - ni de controlar en exclusiva las condiciones de licencia de los juegos de Activision Blizzard para servicios rivales", dijo Microsoft en el comunicado.

El acuerdo otorgará a Ubisoft los derechos para distribuir juegos de Activision en todo el mundo, a través de su plataforma de suscripción Ubisoft+, así como la posibilidad de conceder licencias de los títulos a Microsoft y otras empresas de juegos en la nube y fabricantes de consolas. Es válido para los juegos actuales y futuros que se lancen durante los próximos 15 años tras el cierre del acuerdo Microsoft-Activision, y los derechos existirán a perpetuidad.

La CMA ha manifestado que prefiere las soluciones estructurales para abordar los problemas que plantean las fusiones que obstaculizan la competencia. Para satisfacer esa preferencia, Microsoft y Activision han estado buscando una desinversión que convenza a los reguladores sin perjudicar lo que Microsoft considera las partes clave de la adquisición. El gigante del software ha descartado públicamente la venta de la franquicia Call of Duty, por ejemplo.

Ubisoft hará un pago único para compensar a Microsoft por los derechos, además de un "mecanismo de fijación de precios al por mayor basado en el mercado" que apoyará la fijación de precios en función del uso. El acuerdo también se ha estructurado de modo que Microsoft pueda cumplir sus acuerdos de streaming preexistentes en el Espacio Económico Europeo, que firmó para cumplir las exigencias de la Comisión Europea, según la empresa.

A partir de ahora se iniciará la primera fase de la investigación y la CMA ha fijado el 18 de octubre como fecha límite.