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Un documento falso dio curso a la demanda de Quiborax

 

Un documento falso dio curso a la demanda de Quiborax

Experiencia BCP

PAGINA SIETE

Un documento falsificado por David Moscoso, exaccionista de Quiborax,  dio curso a la demanda de arbitraje contra Bolivia, por la que el Estado debió pagar 42 millones de dólares de compensación, por la reversión de las concesiones en el Salar de Uyuni.

El expresidente Carlos Mesa presentó ayer ante la Fiscalía General de Sucre un escrito en el que denuncia que Quiborax falsificó un acta para iniciar la demanda de arbitraje contra Bolivia, y también observó que el Gobierno no haya realizado una defensa correcta en el proceso, pese a la prueba documental.

“En este petitorio incorporo un tema fundamental: en 2009, durante el gobierno del presidente Morales y el Ministerio de Defensa Legal del Estado, se llevó adelante un juicio penal contra David Moscoso, que era uno de los accionistas más importantes de Non Metallic-Quiborax y el juicio era por  falsificación de documentos  (...). Esa acta fue la que permitió que el juicio se lleve adelante contra Bolivia y la condena contra Moscoso hizo que reconociera que había falsificado el documento”, aseguró la exautoridad, luego de haber presentado la denuncia.

Insistió en que el motivo  del laudo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) no fue por el decreto que él aprobó cuando era  presidente, sino a la falsificación  de un acta de constitución de propiedad de Quiborax, que dio lugar al arbitraje.

Precisó que en la decisión sobre medidas provisionales del Tribunal Arbitral, que intervino en el caso Quiborax, del 26 de febrero de 2010, en sus numerales 41 y 42 cita de forma textual: “La audiencia del proceso abreviado de David Moscoso fue en agosto de 2009. La resolución dictada luego de dicha audiencia señaló que  Moscoso había confesado su participación en la falsificación del acta de la junta de accionistas de Non Metallic Mineral el 13 de septiembre de 2001. La resolución resaltó que dicha falsificación le había provocado al Estado de Bolivia un perjuicio al permitir a Quiborax iniciar un arbitraje en contra de Bolivia (...)”.

El numeral 42 dice: “David Moscoso firmó una declaración jurada, elaborada expresamente dentro de la solicitud de arbitraje, iniciada por Quiborax y otros contra Bolivia, en la cual confesaba de forma libre y espontánea su participación en los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. En esa  declaración dijo que recién tuvo conocimiento de la existencia del acta del 13 de septiembre 2001”.

En criterio de la exautoridad,  ante esas irregularidades no  estaban dadas las condiciones legales para la presentación de esta demanda arbitral en contra de Bolivia,  ya que se fraguaron “delictivamente” las condiciones.

Asimismo, Mesa sostuvo que el CIADI “forzó ilegalmente el arbitraje”, en tanto que la defensa del Estado boliviano, en lugar de reaccionar  procesalmente contra la parcialización del Tribunal, dejó pasar el documento.

Este medio llamó a la Procuraduría General, oficina en la que indicaron que se pronunciarán “en los próximos días”.

Mesa ratificó a  base de estos nuevos elementos de juicio su pedido ante la Fiscalía, de que rechace la proposición acusatoria presentada por la  Procuraduría General del Estado, contra él y tres de sus exministros, y se archiven los obrados.

A fines de mayo pasado, la Procuraduría presentó una denuncia penal contra Mesa, luego de perder un laudo arbitral contra Quiborax ante el CIADI.

Los delitos por los que fue denunciado son resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Más tarde, el Estado negoció el monto de compensación con Quiborax.

El laudo arbitral

  • Proceso La controversia con Quiborax surgió en julio de 2004, a raíz de la revocatoria de concesiones mineras a la empresa durante el gobierno del expresidente Carlos  Mesa.
  • CIADI El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones dispuso el 18 de mayo de este año un pago de 57 millones de dólares en favor de Quiborax, por la anulación de sus operaciones en el Salar de Uyuni.
  • Rebaja El jueves 7 de junio, Bolivia suscribió una transacción final con las demandantes Quiborax  y Non Metallic Minerals,  por 42,6 millones de dólares, después de que ambas empresas renunciaron al 20%  del monto neto de la indemnización.

El abogado de Quiborax es asesor de Chile en La Haya

El expresidente Carlos Mesa reveló ayer que la Procuraduría General del Estado, encabezada por  Pablo Menacho, hizo un acuerdo transaccional por el caso Quiborax con el abogado Andrés Jana, quien es asesor de Chile en el juicio por demanda marítima que se realiza en la Corte de Justicia de La Haya.

Jana apareció la semana pasada en una conferencia de prensa junto al procurador Pablo Menacho y el ministro de Minería, César Navarro, para anunciar que se había llegado a un acuerdo para pagar a Quiborax 42 millones de dólares, por la indemnización surgida de la expulsión de la firma chilena de la explotación de ulexita en Uyuni, según ERBOL.

“El señor Andrés Jana es parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene en La Haya, o sea, llegamos al caso increíble de que el Procurador General del Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax nada menos que al representante de Quiborax, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile ”, dijo Mesa.

En marzo, el jurista afirmó que la demanda boliviana es débil en su sustento, según La Tercera.

Publicado el Miércoles, 13 de Junio de 2018