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Petrobras ve irregular fallo que la obliga a indemnizar a particular

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Petrobras emitió un comunicado el viernes  en el cual califica de irregular el fallo judicial que la obliga a pagar una indemnización de más de 61,1 millones de dólares  por el uso de la propiedad donde están localizadas las instalaciones del campo San Alberto, igual que las medidas cautelares en su contra. La empresa anunció que se “defenderá vigorosamente”.

“Con relación a las noticias difundidas en los medios, Petrobras informa que su subsidiaria integral Petrobras Bolivia  (PEB) fue condenada en primera instancia a pagar una indemnización por el uso de la propiedad donde están localizadas las instalaciones del campo San Alberto por un valor de  61,1 millones de dólares, además de intereses y costos. La sentencia también impone medidas cautelares contra PEB (...)  Petrobras   espera que el tribunal  revierta la   decisión.   La   compañía   entiende   que   ocurrieron irregularidades durante el proceso y PEB se defenderá vigorosamente en todas las instancias”, señala el documento.

Según la información institucional, la decisión judicial se fundamenta en el hecho de que un supuesto propietario del área ocupada por el bloque San Alberto fue contemplado con una indemnización por uso de la propiedad, calculada a partir de 1996, cuando las operaciones del bloque fueron iniciadas. Algo que la empresa rechaza explicando que cuando se  inició  actividades en el campo se suscribió un acuerdo con comunidades campesinas que, según Reforma Agraria, eran propietarias de esas tierras.

“Desde el inicio  de  las  actividades en  el bloque San  Alberto,  PEB suscribió acuerdos de servidumbre (“convenios de servidumbres”) con diversas comunidades campesinas que, según el levantamiento hecho en la época con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, eran las legítimas propietarias de esas tierras”, indica.

 El bloque San Alberto es operado por PEB con 35% de participación, en sociedad con YPFB Andina S.A. (50%) y Total E&P sucursal Bolivia (15%). PEB apeló a una instancia superior, el Tribunal Agroambiental de la ciudad de Sucre, donde el caso es actualmente evaluado.