ECONOMíA BRASIL
El ministro de Economía dice que avanzará inmediatamente con los estudios para privatizar Petrobras

EL CRONISTA

A un día de asumir, el nuevo ministro de Minas y Energía de Brasil, Adolfo Sachsida, hizo un pedido oficial para comenzar los estudios para la privatización de Petrobras y PPSA. El ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que avanzará con los estudios "inmediatamente".

"Espero que en el menor tiempo posible tengamos este decreto listo para que lo firme el presidente [Jair] Bolsonaro", dijo Sachsida, para quien la medida promoverá "la liberación del pueblo brasileño contra los monopolios". Guedes aclaró que empezarán por el caso PPSA y luego seguirán por Petrobras.

La suba de los precios de la energía, especialmente de la nafta, ha sido uno de los principales impulsores de la inflación -que ya supera el 12% interanual, la más alta desde 2003- en Brasil.

Este lunes, Petrobras había anunciado la segunda suba del diésel (casi 9%) en dos meses, a pesar de que unos días antes, el presidente Bolsonaro había instado específicamente a la empresa a no aumentar los precios. También cuestionó a Petrobras por su "abusiva ganancia" luego de que la empresa revelara una ganancia neta de 44,5 mil millones de reales (u$s 8,6 mil millones) en el primer trimestre.

Esta vez, en lugar de cambiar al CEO de Petrobras -Jose Mauro Coelho asumió apenas en abril tras un conflictivo proceso de sucesión; sus predecesores, el general retirado, Joaquim Silva e Luna y el economista Roberto Castello Branco, se fueron en épocas de subas de precios-, el que salió del gobierno fue Bento Alburquerque, exministro de Minas y Energía, ahora reemplazado por Sachsida, antes en el Ministerio de Economía.

El aumento de los precios de la energía -impulsados por la invasión rusa en Ucrania que ha llevado el precio del petróleo arriba de los u$s 100 el barril, y antes por la mayor sequía de Brasil en casi un siglo que complicó la generación de energía hidroeléctrica- es un tema que preocupa particularmente a Bolsonaro, a menos de cinco meses para las elecciones y con un clara ventaja (hasta 17 puntos porcentuales) de Lula da Silva sobre él.

Luego de mantener los precios estables desde marzo, Petrobras anunció en los últimos días un nuevo aumento del diésel, tratando de seguir el ritmo de los precios internacionales. Según Sergio Araujo, presidente de la asociación brasileña de importadores de combustibles, Abicom, a comienzos de mayo la brecha entre los precios internacionales y los de Petrobras era del 21% para el diésel y 17% para la nafta, según le dijo a Bloomberg.

Muchos en Brasil creen, sin embargo, que el objetivo de la industria petrolera nacional -Petrobras es la petrolera más grande de América latina- es, precisamente, que proteja a los consumidores de las fluctuaciones de los precios internacionales. Sin embargo, a pesar de las críticas Petrobras ha mantenido su política de ajustes. "Los aumentos en el precio del combustible deben hacerse eventualmente para mantener la salud financiera de la empresa", dijo recientemente Coelho, el tercer CEO de la empresa en la gestión Bolsonaro.

Todo este escenario aumenta la presión sobre el gobierno brasileño para subsidiar la energía. Marcelo Gasparino, miembro del directorio de Petrobras que representa a los accionistas minoritarios, le dijo a Bloomberg que los subsidios son la única forma de aliviar las presiones sobre el costo del combustible porque Petrobras debe seguir los precios internacionales. En la entrevista, Gasparino sugirió subsidios a los camioneros, al transporte urbano y taxis, entre otros.

El Gobierno ya recortó los impuestos sobre el diésel y el etanol y el Congreso aprobó un proyecto de ley para cambiar la forma en que se cobran los impuestos estatales sobre el combustible para suavizar el impacto en el mercado interno. Sin embargo, el equipo económico cree que los subsidios son costosos e ineficaces, según le dijo una fuente a Bloomberg.

Más allá de que tanto Guedes como Sachsida se oponen a los subsidios, hay varios condicionamientos que lo impiden: por un lado, la ley de techo de gasto de Brasil -que Lula se ha manifestado varias veces en contra- que impide aumentar el gasto público por encima de la inflación del año anterior, por lo no que deja mucho espacio para nuevos subsidios.