BANCOS
BOLIVIA
Las IFD aportan a la inclusión financiera de población vulnerable hace más de 35 años
DELTA FINANCIERO
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El crédito comunal de las IFD llega a personas de bajos ingresos que de otra forma no podrían acceder a financiamiento.
574.000 clientes de todo el país tienen créditos otorgados por las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD); un 65% de este total son mujeres y 45% viven en zonas rurales, según información de FINRURAL.
Estos datos son apenas una muestra de la incidencia favorable que tienen las IFD en el progreso económico y social de miles de personas y organizaciones, promoviendo la inclusión financiera al otorgar créditos y hoy ahorros; sobre todo con el modelo de banca comunal, que beneficia a mujeres y hombres de bajos ingresos, que de otra forma no podrían acceder a financiamiento.
Las IFD son organizaciones privadas financieras y sin fines de lucro, con más de 35 años de experiencia. Cuentan con personalidad jurídica propia, son reguladas por la ASFI en el marco de la Ley de Servicios Financieros y su objetivo principal es trascender la sola prestación de estos servicios, creando un sistema con enfoque integral que incluye una mirada social.
FINRURAL aglutina a todas las IFD bolivianas y fue creada en 1993. “Inicialmente agrupaba sólo a ONG Financieras que operaban en zonas rurales, como su nombre lo indica. En 1999 fue refundada y ampliada, abarcando a instituciones microfinancieras que operan también en el ámbito urbano”, explica Néstor Castro, gerente general de FINRURAL.
“En 2003 las asociadas de FINRURAL manifestaron su decisión de ser entidades reguladas, y se adhirieron a un proceso de autorregulación, para poder cumplir con la normativa de la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, aunque sin estar obligadas a hacerlo”, detalla Castro.
“Esta iniciativa concluyó en su primera fase el año 2008 e inmediatamente se logró el reconocimiento de dicho decisión y trabajo por parte de la Superintendencia, que emitió normativas para incorporar a las ONG Financieras al ámbito de regulación de la Ley de Bancos y Entidades Financiera bajo la denominación de Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), hoy reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)”, comenta.
Historia y beneficios de la banca comunal
La banca comunal a nivel mundial tuvo sus raíces en los Andes bolivianos. Este modelo fue desarrollado durante la década de 1980 e inicialmente se trabajó con dirigentes campesinos, partiendo de la premisa de que las comunidades son quienes mejor pueden administrar su propio sistema de microfinanzas.
Para ello, se organizaron bancos informales que pudieran utilizar líneas de crédito de una entidad financiera a fin de promover préstamos y, a la vez, brindar un lugar para invertir los ahorros y promover la solidaridad.
Posteriormente a esta primera experiencia en Bolivia, la tecnología de banca comunal o “Village Banking”, como se conoce internacionalmente, fue implementada en el resto de los países de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este con importantes resultados hasta la fecha, siendo el nuestro el primer país que cuenta con una regulación para este producto financiero.
En Bolivia, la banca comunal es un modelo de microfinanzas que se ha convertido en una importante herramienta para brindar acceso a servicios financieros a personas de bajos ingresos, especialmente en áreas rurales y comunidades alejadas de los centros urbanos; o a personas que por diferentes motivos no podrían acceder al sistema financiero.
Este modelo se basa en la formación de grupos de personas, mayormente mujeres emprendedoras, que se unen para contribuir con pequeñas cantidades de dinero de manera regular, formando un fondo común que luego es utilizado para otorgar préstamos a las y los integrantes del grupo que lo necesiten para iniciar o expandir sus emprendimientos.
Inclusión financiera y servicios integrales
“Uno de los aspectos más destacados de la banca comunal es su enfoque en la inclusión financiera y el empoderamiento de grupos vulnerables, como las mujeres. Este modelo fomenta la solidaridad y la cooperación. Además, no sólo proporciona acceso al crédito, sino que también promueve el desarrollo de capacidades y la construcción de redes de apoyo dentro de las comunidades” destaca el gerente general de FINRURAL.
“La banca comunal implica que un grupo de personas se reúne con el fin de acceder a un crédito. Para ello, cada persona de las bancas comunales es informada de las condiciones y requisitos necesarios. Las IFD les proporcionan un plan de pagos y sus integrantes establecen su propio reglamento interno y condiciones”, apunta.
“De acuerdo con la norma, en las bancas comunales el crédito es mancomunado y la responsabilidad de pagarlo también. Este es un rasgo fundamental de corresponsabilidad y solidaridad. Para formar parte de la banca comunal, cada persona que participa de la asociación debe contar con una actividad económica independiente, lo que garantiza la responsabilidad mancomunada”, precisa Néstor Castro.
Cada banca comunal tiene un reglamento y toma sus propias decisiones en el marco de la normativa vigente, bajo regulación de la ASFI. Acceder a un crédito mancomunado como el de la banca comunal no es obligatorio. Las personas pueden acceder a otro tipo de créditos, como el crédito individual que tiene otras características.
Un aspecto para resaltar son los servicios integrales no financieros que los prestatarios reciben y que tienen el propósito de atender sus necesidades, potenciar los resultados de uso del microcréditos y propiciar el desarrollo humano, económico y social.
Estos servicios no financieros están orientados hacia la educación de socios, con programas de educación financiera, gestión de negocios, capacitación técnica, salud y otros; así como a la protección del socio, brindando información sobre el manejo de seguros de desgravamen, salud, accidentes personales, siniestros en sus negocios, etc.
Tasas de interés y actuales desafíos de la banca comunal
Las tasa de interés que se aplican en el sistema financiero boliviano son las establecidas y permitidas por la norma ASFI y el Código Civil, y son determinadas dentro de este margen por cada entidad financiera, dependiendo del nivel de riesgo calculado para cada operación de crédito, precautelando al mismo tiempo los depósitos o ahorros que la población en las entidades financieras, que deben tener rentabilidad y seguridad.
En Bolivia, las tasas de interés en la banca comunal suelen estar entre las más altas del sistema, debido a que están calculadas en función al riesgo crediticio (que es más elevado que en otros créditos con garantías tangibles), la inflación, los costos operativos de cada institución financiera y siempre bajo las regulaciones nacionales de la ASFI.
Algunas instituciones ofrecen tasas de interés fijas, mientras que otras pueden ajustarlas periódicamente según las condiciones del mercado y la situación crediticia de los prestatarios.
“Evidentemente, se presentan casos en los que alguna o algún integrante de una banca comunal no puede cumplir oportunamente con el pago de su parte del crédito, lo que debe ser resuelto por los otros beneficiarios según las reglas que ellos mismos han establecido al contraer el crédito”, puntualiza el gerente general de FINRURAL.
“En los últimos tiempos también se han presentado fraudes en algunas IFD, debido a personas que crean grupos artificiales de banca comunal para su propio beneficio. Estos casos han sido llevados a la justicia ordinaria por las entidades afectadas”, informa.
“En este contexto de casos de mora y de fraudes, las IFD reunidas en FINRURAL buscaremos mecanismos de solución adecuados para los diferentes casos de nuestros varios miles de beneficiarias y beneficiarios, considerando que los problemas y dificultades para el pago de créditos son distintos de cliente a cliente, lo que es una característica de las microfinanzas, que responden a las necesidades específicas de cada prestatario o prestataria”, adelanta Néstor Castro.
“Las IFD se encuentran en este momento en una renovación de la banca comunal, incorporando nueva tecnología, buscando ampliar la inclusión tecnológica de sus beneficiarios y apuntando a fortalecer sus conocimientos sobre las características y beneficios de este modelo”, concluye el ejecutivo.
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