El Gobierno de Bolivia ha defendido la legalidad del oro de producción nacional adquirido por el Banco Central, tras las acusaciones de legisladores de la oposición de que la práctica podría constituir lavado de oro.

El banco ha cumplido con todos los requisitos de trazabilidad, lo que le permite comprar y refinar más de 18 toneladas métricas desde mayo de 2023, cuando se promulgó una ley para fortalecer las reservas de divisas, dijo el ministro de Finanzas, Marcelo Montenegro, a periodistas en La Paz. Eso incluye 14,5 toneladas por un valor de US$1.300 millones a precios actuales refinadas sólo el año pasado.

La creciente actividad minera en la región amazónica de Bolivia, combinada con los precios récord del oro, están poniendo en el punto de mira las compras del banco central. El pasado noviembre, la diputada opositora Andrea Barrientos denunció que gran parte del oro que llegaba al banco procedía de metal producido ilegalmente y comprado por la empresa estatal Epcoro. Los datos del Ministerio de Minería muestran que 99,5% del oro boliviano es producido por cooperativas, aunque algunos políticos, entre ellos el ex viceministro de Minería Héctor Córdoba, así como analistas y consultores, han afirmado que la mayoría de ellas operan sin permisos.

La compraventa de oro producido localmente ha sido un medio eficaz para que el banco central boliviano cumpla sus obligaciones exteriores y financie las importaciones de combustible, según el ministro de Finanzas, con 39 toneladas vendidas por esos motivos.

Antes de que se introdujera la ley de mayo de 2023, Bolivia contaba con 43 toneladas de reservas de oro. En diciembre pasado, se habían reducido a las 22 toneladas mínimas requeridas. Pero eso podría cambiar pronto después de un decreto del gobierno del 1 de enero para permitir que el banco central utilice las reservas restantes como garantía para nuevos préstamos o créditos.