En los últimos meses, el Servicio de Impuestos Internos (SII) finalizó 13 casos de fiscalización sobre criptoactivos, con un rendimiento total de $4.702.255.765, vinculados a contribuyentes que reciben pagos por prestación de servicios en criptomonedas y que no los incluyen en sus declaraciones de renta, o bien, casos en que no lograron acreditar los costos asociados a las transacciones registradas. Esto refleja el uso creciente de este tipo de moneda, su expansión en el tiempo y los desafíos que enfrenta Chile en materia de regulación.

El SII ha reconocido que las operaciones con criptoactivos presentan altos niveles de privacidad, lo que dificulta identificar a quienes participan en ellas. Por ello, ha cobrado especial relevancia avanzar en una regulación que otorgue seguridad y transparencia, tanto a nivel local como internacional.

Marco regulatorio

El Banco Central ha emitido comunicados sobre esta moneda digital. El uno de enero de 2021, se señala que no cuentan con reconocimiento legal ni reglamentario específico en Chile, además de no corresponder a moneda de curso legal ni poder ser consideradas como divisas para efectos cambiarios.

Asimismo, se establece que estos activos no son medios de pago regulados por la Ley N.º 20.950, que autoriza la emisión de tarjetas de pago con provisión de fondos a entidades no bancarias.

María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, una empresa financiera tecnológica chilena, sostiene que con la Ley Fintech N.º 21.521 y su implementación por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Chile dio un paso decisivo. Según explica, este marco incorpora a los prestadores de servicios vinculados a criptoactivos al perímetro regulatorio, con exigencias de inscripción, autorización, gobierno corporativo, gestión de riesgos, capital y deberes de información. En sus palabras: “Ahora existen reglas, procesos y supervisión en marcha”.

La ejecutiva agrega que el SII ha aclarado la tributación del “mayor valor” en la venta de criptoactivos y ha intensificado fiscalizaciones y declaraciones juradas específicas, fortaleciendo así la integridad fiscal del ecosistema.

No obstante, admite que aún quedan tareas pendientes, como la definición de normas de información para supervisión por parte de la CMF, además de una regulación específica del Banco Central para las denominadas “monedas estables” que operen como medio de pago. Aun así, asegura que la dirección es clara y que ya existe un andamiaje institucional.

En su opinión, Chile cuenta con una base adecuada, sustentada en reglas proporcionales, neutralidad tecnológica y supervisión. Para Juppet, la implementación debe ser ágil y coordinada entre la CMF, la UAF, el SII y el Banco Central, con el fin de proteger a los usuarios, combatir el delito y, a la vez, fomentar la innovación y la competitividad. Subraya que un marco regulatorio bien definido no solo disminuye riesgos, sino que también atrae inversión y talento que posicionen a Chile como líder en finanzas digitales responsables.

Vacíos importantes

Por su parte, Claudio de la Horra, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, afirma que Chile ha avanzado con la Ley Fintech, al incorporar a los exchangers bajo la supervisión de la CMF y exigir reportes tanto al SII como a la UAF. Sin embargo, advierte que aún existen vacíos importantes, especialmente en lo relativo a la regulación de las stablecoins, la protección de los usuarios y la educación financiera de los inversionistas. Este último aspecto, recalca, es clave, ya que se “requiere un nivel adecuado de conocimientos para comprender cómo funcionan estos instrumentos y cuáles son sus riesgos”.