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ASOFIN solicita postergar el tratamiento del Proyecto de Ley 547/2024-2025

DELTA FINANCIERO

ASOFIN recordó que el mencionado proyecto de ley ya fue tratado en ambas cámaras legislativas, sin que se lograra un acuerdo en su redacción final. En ese sentido, la entidad considera que, dada su trascendencia e impacto potencial en los depositantes, prestatarios y entidades financieras, resulta prudente que la revisión del documento sea realizada por los nuevos legisladores del próximo gobierno electo, con una visión de diálogo y concertación entre todos los actores del sistema financiero.

“La aplicación de esta Ley deberá ser ejecutada por el próximo Gobierno, por lo que es pertinente que sean las nuevas autoridades quienes analicen su contenido y definan los mecanismos más adecuados para su reglamentación”, señala la Asociación.

ASOFIN advirtió que, aunque la eventual aprobación del proyecto podría generar beneficios temporales para algunos prestatarios, también implicaría riesgos significativos para los millones de ahorristas del país, afectando la liquidez y la confianza en las instituciones financieras. Una reducción en los flujos del sistema podría comprometer el cumplimiento de obligaciones frente a entidades nacionales e internacionales, e incluso generar riesgos sistémicos que afecten la credibilidad del país en los mercados financieros.

En el caso de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y las entidades especializadas en microfinanzas afiliadas a ASOFIN, la aprobación del proyecto bajo la versión de la Cámara de Diputados sin considerar el texto consensuado en el Senado podría afectar hasta el 100% de su cartera crediticia. Estas instituciones, que atienden principalmente a micro y pequeñas empresas, serían particularmente vulnerables ante un nuevo diferimiento de créditos, poniendo en riesgo el acceso a financiamiento de más de 1.3 millones de prestatarios urbanos y rurales en plena temporada de cierre e inicio de gestión.

Por ello, ASOFIN solicitó a la Presidencia de la Asamblea Legislativa que, antes de tratar el proyecto, se requiera un pronunciamiento del Consejo de Estabilidad Financiera, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 393 de Servicios Financieros, para evaluar el impacto y los riesgos de la medida. Asimismo, la Asociación recordó que el Manual de Técnica Normativa, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 25350, establece la obligación de realizar consultas técnicas previas, las cuales no fueron consideradas en este proceso legislativo.