ECONOMíA BOLIVIA
Descentralización Fiscal: Algunas ideas para un cambio responsable

DELTA FINANCIERO

La propuesta de avanzar hacia una descentralización de recursos en el país es de larga data y ha sido recientemente abanderada por el presidente Rodrigo Paz, es un objetivo estratégico y positivo para el desarrollo de Bolivia. La meta de convertir al país en una comunidad política de jurisdicciones en competencia, cuyo fin sea atraer talento humano y capital, exige una reforma profunda del Estado que trascienda el cortoplacismo.
Sin embargo, el estado actual de la gestión pública impone retos significativos que deben ser abordados de manera rigurosa para evitar que el proceso de descentralización se convierta en una fuente adicional de desorden fiscal y administrativo. El problema actual se evidencia en dos dimensiones críticas: la baja capacidad de ejecución presupuestaria en todos los niveles de gobierno y la creciente inexactitud en la proyección de las variables macroeconómicas por parte del Gobierno Central.

Ejecución municipal 

Para muestra un botón, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la ejecución presupuestaria de los municipios hasta agosto de 2025 ofrece un dato demoledor sobre la capacidad de gestión, no solo en el nivel central del estado. Al cumplirse dos tercios del año fiscal, las cifras evidencian una marcada dificultad para transformar recursos asignados en bienes y servicios ejecutados:
Solo 55 municipios (aproximadamente el 16% del total) lograron superar el 50% de ejecución presupuestaria. Mientras que, 234 municipios se encuentran en un rango de ejecución entre el 30% y el 50%. Solo 57 municipios reportan una ejecución menor al 30% y 10 municipios tienen una ejecución extremadamente baja, inferior al 20%.
Esta realidad no es solo una señal de alarma sobre la ineficiencia, sino que prefigura las dificultades que enfrentaría un proceso de descentralización acelerado sin una previa dotación de “inteligencia burocrática” y capacidad de gestión.

Iliquidez presupuestaria 

 La principal causa estructural de estas bajas tasas de ejecución presupuestaria es la iliquidez fiscal, la cual está intrínsecamente ligada a la dependencia de los gobiernos municipales respecto al Gobierno Central.
El grueso de los ingresos municipales depende en un 70% de las transferencias del Gobierno Central a través de recursos como el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la Coparticipación Tributaria.
En un contexto de coyuntura fiscal difícil, la dependencia genera una vulnerabilidad directa: cuando el Gobierno central tiene problemas para monetizar sus proyecciones de ingresos o enfrentar el déficit fiscal, las transferencias a los gobiernos autonómicos se vuelven irregulares o insuficientes, estrangulando su flujo de caja y, consecuentemente, impidiendo la ejecución de proyectos y el pago de compromisos.

Desajustes macroeconómicos

La iliquidez a nivel municipal tiene parte de su origen en la problemática del Gobierno central en su rol de ente planificador. La elaboración del Presupuesto General del Estado (PGE) ha mostrado un deterioro progresivo en la precisión de sus supuestos macroeconómicos, es decir, las estimaciones realizadas sobre variables clave como el crecimiento económico (PIB), los ingresos tributarios y la capacidad de endeudamiento.
El histórico reciente muestra que el error de estimación del crecimiento económico se ha amplificado pospandemia. Este problema es de carácter sistémico:
1.Estimación Fallida de Producción: Una sobreestimación del crecimiento futuro lleva a una sobreestimación de la actividad económica total.
2. Error en Ingresos Fiscales: Si la actividad económica proyectada es inexacta, también lo serán los ingresos tributarios esperados, que son la fuente de las transferencias.
3. Proyección Deficitaria: La inexactitud en las estimaciones de ingresos y producción conduce a proyecciones erróneas sobre el resultado fiscal del sector público.
En resumen, la mala proyección del NCE se traduce directamente en un incumplimiento de las expectativas de ingresos para los municipios, cimentando la iliquidez que posteriormente se manifiesta como baja ejecución.

Descentralización responsable

El principal riesgo de una descentralización apresurada es convertir a los municipios en simples centros de intermediación financiera, replicando la situación actual de las gobernaciones. Si se traslada el 50% de los recursos, pero también las cuentas y el déficit del Sector Público no Financiero, la autonomía municipal se reduce a una función contable.
La baja ejecución presupuestaria es una evidencia de la falta de capacidad técnica y de gestión.
El camino hacia una Bolivia descentralizada y una comunidad política de jurisdicciones en competencia es el correcto, se debe ir más allá de la repartición de recursos y hablar de competencia fiscal. Sin embargo, cualquier proceso de descentralización, debe ser pragmático. Los datos de la baja ejecución municipal y los problemas de proyección macroeconómica del Gobierno hasta agosto de 2025 nos obligan a ser cautos. La prioridad debe ser la sostenibilidad fiscal y la capacidad de gestión.