Tres bancos internacionales pujan, por estas horas, para quedarse con el mandato del canje en la venidera reestructuración de los bonos argentinos: el estadounidense JP Morgan, al que se le otorgan las mayores posibilidades pero que enfrenta la competencia no menor del británico Barclays y el francés Lazard. Los tres tienen fuertes antecedentes, no sólo a nivel internacional sino, particularmente, en relación a la deuda argentina.

En un repaso de lo más a menos reciente, corresponde empezar por JP Morgan, el gigante mundial de las finanzas que tuvo una activa participación en la colocación de deuda en los últimos cuatro años. Su gran fortaleza es, sin dudas, el acceso a los inversores. En abril de 2016 fue designado entre los siete bancos que actuaron en la emisión debut de bonos por USD 16.000 millones para salir del default con los fondos buitre y, un año más tarde, ya era el banco que más títulos argentinos había colocado en el mercado.

Alimentando el misterio respecto de lo que se considera su casi segura nueva participación, en algunos pasillos oficiales advierten que la entidad “quedó pegada” con el gobierno anterior. Recuerdan por caso que su CEO global, el mítico Jamie Dimon, vino a la Argentina a fines de 2018 para entrevistarse con el entonces presidente Mauricio Macri, durante una breve tregua de las turbulencias financieras que marcaron esos tiempos.

En tanto, el vínculo del tercer competidor en la short list de Guzmán, el francés Lazard, se remonta a 2003, cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, lo designó como el asesor financiero para la reestructuración de la deuda tras el default de 2002. La elaboración de la propuesta, que se conoció como “la oferta de Dubai” ya que el equipo económico de ese momento aprovechó el marco de la Asamblea Anual de Fondo Monetario en septiembre de ese año para anunciar una quita de 75%, llevó un año y medio de arduas negociaciones hasta que se cerró en marzo de 2005.

Pero entre sus cartas de presentación, Lazard ahora pone sobre la mesa otros antecedentes, que podrían resultar en mensajes contradictorios al mercado. Por un lado, la entidad asesoró en la reestructuración de la deuda de Grecia en 2010, en la que se impuso una quita incluso mayor a la de la Argentina en 2005. En otras palabras, tiene expertise en negociaciones difíciles, casi hostiles. Pero, por el otro lado, también participó en la renegociación de la deuda de Ucrania, que suele aplicarse de modelo para la situación argentina. En ese caso, los tenedores de bonos de ese país aceptaron una quita de 20% y prórroga de 4 años en los plazos de pago a cambio de un aumento en la tasa de interés.

Cualquiera de los tres que obtenga el mandato, o incluso algún tapado que mueva bien sus fichas en las instancias finales, dará por tierra con la idea que circula entre los acreedores de evitar a los bancos colocadores y entablar una renegociación directa con el Gobierno. De momento, Economía parece estar avanzando en el camino tradicional y, aun cuando sea una entidad la que lidere la operación, en el negocio podrían participar también sus competidores e incluso más bancos y otras instituciones.

En paralelo a la selección de bancos, también se estaría avanzando en la designación de los abogados que asesorarán en el tema. De acuerdo a la información que manejan representantes de los acreedores, en este caso también volvería un viejo conocido: el histórico bufete de la Argentina en Nueva York, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Es el estudio que, entre muchísimas otras demandas, llevó adelante el conflicto con los fondos buitre hasta que en 2016 fue desplazado durante el gobierno de Macri por el estudio Cravath, Swaine & Moore. Ahora retomaría, con un nuevo contrato, sus antiguas funciones.