ECONOMíA BOLIVIA
Congreso debate el retiro del fondo de pensiones

AMERICA ECONOMIA

Devolver los aportes realizados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), parte o totalmente, significará dejar sin jubilación a la gente en un futuro y afectará al seguro de salud, advirtió el gobierno interino de Bolivia. 

"El 85% de los aportantes a la AFP son montos menores a los 100.000 bolivianos (unos US$14.400), y retirarlos sería un golpe muy fuerte a todo el sistema de la economía nacional", explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas en ejercicio, José Abel Martínez. 

El funcionario ratificó que las tres propuestas de proyecto de ley que se consideran en la Asamblea Legislativa para la devolución y otra de garantía para créditos son un tema "muy complejo y delicado" que no sólo afectaría a las rentas, sino que tendría consecuencias de liquidez y pegaría al sistema económico del país. 

El primer proyecto establece una devolución del 50% de los aportes con que cuente el afiliado, el segundo dispone la devolución de hasta un 25% de aportes y el tercero dispone el retiro del 95% de los aportes de los trabajadores para que éstos puedan usarse en gastos de "salud, educación, alimentación o emprendimientos productivos". 

En tanto, el cuarto proyecto propone utilizar los ahorros de los aportantes como garantías hipotecarias para acceder a créditos bancarios con un interés máximo del 6% anual por el 80% del saldo de sus cuentas previsionales. 

Cerca del 60% del fondo del Sistema Integral de Pensiones (SIP), administrado por las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, se encuentran invertidos en depósitos a plazo fijo (DPF) en la banca. 

En las últimas semanas, colectivos que buscan el retiro parcial de sus ahorros previsionales en las AFP anunciaron bloqueos y marchas de protesta en las principales ciudades. 

Según los datos estadísticos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el fondo del SIP supera los US$19.661 millones, de los cuales, aproximadamente US$11.400 millones están invertidos en DPF. 

El resto del fondo se encuentra invertido en bonos del Tesoro General de la Nación (25% del fondo) y bonos y acciones de empresas nacionales (15%). 

La ola se expande por la región. El retiro del fondo de pensiones como mecanismo para enfrentar la fuerte crisis que ha generado la pandemia del Covid-19 se ha expandido por Latinoamérica después que Perú aprobara en abril una ley que permite a los ciudadanos retirar hasta el 25% de sus pensiones anticipadamente. 

Cerca del 60% del fondo del Sistema Integral de Pensiones (SIP), administrado por las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, se encuentran invertidos en depósitos a plazo fijo (DPF) en la banca. 

En las últimas semanas, colectivos que buscan el retiro parcial de sus ahorros previsionales en las AFP anunciaron bloqueos y marchas de protesta en las principales ciudades. 

Según los datos estadísticos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el fondo del SIP supera los US$19.661 millones, de los cuales, aproximadamente US$11.400 millones están invertidos en DPF. 

El resto del fondo se encuentra invertido en bonos del Tesoro General de la Nación (25% del fondo) y bonos y acciones de empresas nacionales (15%). 

La ola se expande por la región. El retiro del fondo de pensiones como mecanismo para enfrentar la fuerte crisis que ha generado la pandemia del Covid-19 se ha expandido por Latinoamérica después que Perú aprobara en abril una ley que permite a los ciudadanos retirar hasta el 25% de sus pensiones anticipadamente. 

La semana pasada el Congreso chileno aprobó una histórica reforma de ley que permite a las personas retirar el 10% de sus fondos de pensiones como apoyo en medio de la pandemia de coronavirus. 

Si bien el retiro de las cuentas se estableció en 10%, expertos consideran que el proyecto despertó en muchos la idea de que podrían ir por más para acceder a todos sus fondos. 

Eso podría abrir la puerta a nuevas incursiones contra los fondos hasta ahora celosamente administrados por entidades privadas y de acceso muy controlado. 

Además de Perú y Chile, hay iniciativas similares en Brasil y México, incluso cuando algunos expertos advierten sobre el costo fiscal en el largo plazo.