COMUNICADO

La Asociacioón de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN) y las Cooperativas de Ahorro y Credito, expresan su desacuerdo con la Ley 720/2019, sancionada por el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que modifica la Ley de Diferimiento del Pago de Créditos, ampliándola hasta el 31 de diciembre del 2020.

Esta Ley ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos. Esta determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo a nuestro país.

Durante los últimos meses las entidades de intermediación financiera han atendido favorablemente las solicitudes de diferimiento y reprogramación de aquellos prestatarios que, producto de la emergencia sanitaria, tienen dificultades en cumplir con sus obligaciones, priorizando preservar la salud económica y financiera de sus clientes.

Las empresas y personas, no solo requieren del diferimiento de cuotas, sino de reprogramaciones, refinanciación y la inyección de nuevos recursos para reactivar sus actividades económicas, lo que se logra recuperando préstamos de quienes cuentan con capacidad de pagar, y destinando esos recursos hacia quienes han visto afectada su capacidad en esta coyuntura.

Es importante recordar que el sistema financiero nacional cumple una doble función al preservar y proteger los ahorros del público y, a su vez, inyectar dichos recursos en la economía a través de la otorgación de préstamos con criterios de prudencia. La ley sancionada afectará considerablemente la capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias para superar la crisis que aqueja a la población.

Convocamos a las autoridades nacionales a evaluar responsablemente el impacto de esta ley y a actuar deponiendo otros intereses que no respondan a precautelar el bien mayor que constituye la estabilidad económica y financiera del país.