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Lo más leído: Entes financieros tributarán más si su utilidad supera el 6%

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Empresas de Arrendamiento Financiero, almacenes generales de depósito, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), agencias de bolsa y sociedades de titularización deberán pagar un 25% de Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades (AA-IUE) si su rentabilidad supera el 6%, según el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021.

De esa forma, estas entidades se sumarán a los bancos, que ya desde hace unos años deben pagar este impuesto adicional por sus utilidades. Sobre el tema, dos expertos consideraron que la medida genera mayor presión impositiva y que en la pandemia se les debería dar incentivos. 

“Cuando el coeficiente de rentabilidad respecto del patrimonio de las entidades de intermediación financiera, empresas de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósito, sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI), agencias de bolsa y sociedades de titularización (…) excedan el 6% las utilidades netas imponibles de estas entidades estarán gravadas con una Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del 25%”, señala la disposición adicional octava del PGE 2021.

El proyecto agrega que se encuentran también sujetas a esta disposición las aseguradoras y reaseguradoras reguladas por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS).

La AA-IUE para la banca fue creada en 2011, al partir del 12,5% hasta llegar al 25% en 2017, con el fin de que el Estado participe de la creciente utilidad que experimentó el sector financiero.

Por entonces los bancos señalaron que la carga impositiva que soportan supera el 50% de sus utilidades brutas, ya que además del IUE y la AA-IUE, que alcanzan el 50%, deben pagar otras obligaciones como el IVA.

Este medio remitió consultas a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), a la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) y a la Bolsa de Valores, pero no obtuvo respuestas sobre el proyecto de ley del PGE.

Al respecto, el analista financiero Jaime Dunn indicó que este tributo adicional que el Gobierno prevé aplicar obligaría a las empresas a capitalizar sus utilidades e incrementar su patrimonio para que su rentabilidad respecto al patrimonio baje.

“Este tipo de medida, que ya se tiene con los bancos, es una disposición que hay que verla de la siguiente manera: a las entidades de intermediación financiera se dispuso el diferimiento del pago de créditos, recién se estableció que el capital diferido no pagará intereses”, manifestó.

Esto significa que las entidades de intermediación financiera están con una presión grande, porque de alguna manera se volvieron el instrumento mediante el cual se mantiene la economía y evita que se caiga en recesión.

“Entonces no tiene mucho sentido que a estas entidades vayan a cobrarles impuestos por su rentabilidad, cuando son el pilar fundamental de la recuperación económica”, manifestó.

Para Dunn, fijar este impuesto a las agencias de bolsa, sociedades de titularización y administradoras de fondos de inversión, entre otros, no es apropiado porque el mercado de valores es una industria naciente, nueva y que por el contrario requiere de incentivos para desarrollarse.

En su criterio, la AA-IEU que podrían recaudar del mercado de valores será muy pequeña comparada con lo  que se puede recolectar de otros sectores. En definitiva, habrá un impacto negativo más que recaudatorio.

El vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz y secretario general del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, Juan Pablo Suárez, dijo que este tipo de medidas es otro impuesto equivocado, y que dada la pandemia de la Covid-19, se debería dar incentivos tributarios.

“Considero que no es momento para incrementar los impuestos para ningún sector, el Estado necesita fomentar la inversión, mucho más en el sistema financiero. Deberían dar incentivos tributarios para que las empresas inviertan, incluso la eliminación del pago de impuestos se debería condicionar con los montos de inversión”, sugirió.

Piden transferir al BCB Bs 350 millones

El Gobierno dispuso en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 que se realice una transferencia interinstitucional no reembolsable al Tesoro General de la Nación (TGN) por un monto de 350 millones de bolivianos, provenientes de las reservas patrimoniales del Banco Central de Bolivia (BCB).

Los recursos serán usados para cubrir fideicomisos destinados al financiamiento al sector productivo.

“Se autoriza al BCB, con carácter excepcional y por única vez, efectuar una transferencia interinstitucional no reembolsable al TGN, por un monto de 350 millones de bolivianos, proveniente de las reservas patrimoniales del BCB, para los fideicomisos al financiamiento al sector productivo”, señala el artículo 15 del proyecto del PGE-2021.

La protocolización de los contratos, administración y adendas de los fideicomisos  estará exenta de aranceles.