El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha dictado un laudo arbitral en el que obliga a Bolivia a indemnizar a BBVA con 105 millones de dólares (unos 104 millones de euros) por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

En el documento, adelantado por Expansión y al que ha tenido acceso Efe, la corte resuelve a favor del banco español, que inició el arbitraje en 2018 después de que, tras presentar varias propuestas, no fuera posible un acercamiento de posturas con el Gobierno de aquel país respecto a la valoración del negocio.

En febrero de 1997, BBVA constituyó en Bolivia la sociedad AFP-Previsión BBV, que tras el proceso de fusión con Argentaria pasó a denominarse Previsión BBVA-AFP. Allí, la demandante posee, directa o indirectamente, el 80% del capital social.

En 2009, el país decidió nacionalizar los servicios de pensiones, tras lo cual el Ejecutivo y la entidad mantuvieron una serie de contactos para iniciar un proceso de negociación.

La primera tanda de conversaciones se suspendió en 2013 después de que ambas partes no llegaran a un acuerdo respecto al “stock” de deuda, ya que -según expuso el banco en las alegaciones iniciales recogidas en el laudo- Bolivia exigió a BBVA que se hiciera cargo de él “planteándole una disyuntiva imposible”.

Ésta consistía en que “o BBVA se quedaba en Bolivia indefinidamente a tramitar estos juicios de cobranza sin recibir ninguna compensación a cambio, o bien debía pagar de su propio bolsillo estas deudas ajenas”.

En 2016, el gerente general de Previsión, el viceministro de Economía y Finanzas Públicas y el director de Pensiones de Bolivia se reunieron para negociar una salida a la situación.

Esto desembocó en que en octubre de 2019, las partes retomaran las conversaciones, suspendiendo el arbitraje ya iniciado por BBVA por un término de sesenta días, en los que no concretaron una salida amistosa al litigio.

El arbitraje

Cuando en 2018 se conoció que la entidad española había solicitado el arbitraje del Ciadi a través del denominado “mecanismo complementario”, el entonces ministro de Economía boliviano, Mario Guillén, insistió en que la legislación del país impedía operadores privados en el sector de pensiones, por lo que debían ser transferidos al sector público.

En este caso, aseguró, “el precio solicitado ha sido excesivo”.

Por el contrario, BBVA afirmó que había venido colaborando “activamente” para que la gestora pública boliviana asumiera sus funciones”.

“A pesar de que la creación de la gestora pública se formalizó en 2015, en septiembre de 2017 el Gobierno pospuso el inicio de su operaciones hasta marzo de 2019”, defendió en un comunicado.

A tenor del laudo dictado esta semana, la entidad argumentaba que Bolivia “ha violado y continúa violando el estándar de trato justo y equitativo y la prohibición de arbitrariedad”.

En primer lugar, por “el aplazamiento de forma continua e injustificada de la implementación de la nacionalización decidida hace diez años, sin un horizonte temporal cierto, con la obligación de BBVA de permanecer en Bolivia y continuar prestando el servicio de forma provisional por cuenta de la gestora pública, sin poder disponer de su inversión”.

En segundo lugar, por la “implementación de forma anárquica de la nacionalización y del proceso de traspaso del servicio a la gestora pública, que ha perjudicado las operaciones de BBVA Previsión y consumido sus recursos”.

Y por último, por el “hostigamiento a BBVA Previsión y la imposición a ella y a BBVA de contingencias económicas fabricadas con el único propósito de neutralizar el pago de la indemnización a la que BBVA tiene derecho, como consecuencia de la nacionalización”.

Asimismo, la entidad negaba que los aplazamientos hayan sido causados por una entrega defectuosa de información, ya que “la verdadera razón por la cual la gestora no pudo (ni puede hoy) asumir la operación del servicio es la falta de ‘software’”.

Ahora la corte falla a favor del BBVA, y hace notar que la compañía nunca discutió la decisión de Bolivia de nacionalizar el servicio, “sino la demora en su implementación”.

Para el tribunal “es indiscutible el retraso injustificado”, como muestra que el Gobierno se encargara “de postergar en cuatro ocasiones la entrada en operación de la gestora”, y constata que el “gran obstáculo de la nacionalización es que Bolivia no cuenta con un proveedor de ‘software’ que le permita administrar los fondos de pensiones”.