ECONOMíA LATINOAMERICA
Latinoamérica y el impacto de la inclusión de género en sus acuerdos comerciales

AMERICA ECONOMIA

La inclusión de cláusulas de igualdad de género en los tratados de libre comercio ha emergido como un fenómeno reciente, aunque aún incipiente, en el ámbito internacional.

Y es que así como años atrás, específicamente desde 1994 se incorporan temas ambientales y laborales en los acuerdos comerciales, los capítulos de género van ganando terreno como una apuesta de que una política comercial inclusiva puede acelerar el cierre de brechas.

Latinoamérica no está ajena a esta tendencia, siendo Chile el país que lleva la batuta al haber incluido por primera vez a nivel global un capítulo de esta naturaleza en el Acuerdo de Libre Comercio con Uruguay firmado en 2018. 

Recientemente, a fines de febrero de este año, el Parlamento Europeo aprobó la modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Chile que incluía un capítulo dedicado a la perspectiva de género. Esta actualización marcó un hito ya que es la primera vez que el texto de un acuerdo comercial negociado por la UE con un tercero incluye un capítulo dedicado al comercio y la perspectiva de género, que recoge el compromiso de ambas partes de eliminar la discriminación contra las mujeres. 

La firma de los términos de referencia (TdR) para la modernización del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Chile y México, realizado también en febrero último, siguió la misma tónica que el negociado con la UE al incluir un capítulo de Comercio y Género.

De esta forma, con estas modernizaciones, el 18% de los acuerdos comerciales de Chile incluirán capítulos de género.

Esta tendencia evidencia una creciente conciencia global sobre la importancia de abordar la igualdad de género en el contexto del comercio internacional.

“Hay una creciente sensibilidad hacia la necesidad de abordar la igualdad de género", dice Beata Wojna, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey a AméricaEconomía. “No solo en aspectos políticos, educativos y de salud, sino también en el ámbito económico. El comercio internacional, siendo un motor de crecimiento económico, se presenta como una plataforma clave para promover la inclusión de las mujeres en la economía”. 

La idea de abordar específicamente a las mujeres y los desafíos de igualdad de género, así como de inclusión tienen su asidero en diversos estudios y documentos de trabajo de organismos internacionales.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), por ejemplo  sostiene que el comercio reproduce los roles diferenciados entre mujeres y hombres en la actividad económica de cada sociedad.

Esta desigualdad ha frenado el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la eliminación de la discriminación entre ambos sexos, explica un documento sobre Enfoque de género en los acuerdos comerciales, realizado por las investigadoras Alicia Frohmann y Ximena Olmos para Cepal y la Alianza del Pacífico.

En su documento, de agosto de 2023, Frohman y Olmos indican que muchas reglas del comercio mundial benefician más a los hombres que a las mujeres y refuerzan la desigualdad de género. Y señalan que la crisis del COVID-19 reforzó la necesidad de políticas públicas y reglas comerciales inclusivas que beneficien a las mujeres. 

De ahí que una política comercial inclusiva podría acelerar el cierre de brechas.

Pero, además, la incorporación de medidas específicas en los TLC refleja un compromiso de los países signatarios para llevar a cabo acciones concretas en este sentido.

En términos de resultados positivos, continúa Wojna, los capítulos de género buscan reafirmar la necesidad de la igualdad de género, respaldando el marco legislativo internacional existente. Además, se enfocan en la inclusión estadística de las mujeres en el comercio internacional, comprometiéndose a realizar un seguimiento de las consecuencias del comercio en la igualdad de género. Con ello, se promueve el intercambio de buenas prácticas y actividades conjuntas, como la capacitación de mujeres para participar en actividades empresariales vinculadas al comercio internacional.

Sin embargo, la implementación de estos capítulos enfrenta desafíos. 

“No todos los países muestran la misma sensibilidad hacia el tema de género, y la tendencia actual hacia el proteccionismo en el comercio internacional dificulta la negociación y firma de nuevos tratados”, explica Beata Wojna. “Entre ellos están los países africanos y de Medio Oriente”. 

REGIÓN PIONERA

En años recientes, los capítulos de género en los acuerdos han contribuido a posicionar la igualdad de género en la agenda comercial global.

Un número creciente de países han adoptado capítulos  independientes sobre comercio y género en los tratados comerciales, todos con énfasis en la promoción de los derechos de las mujeres y la cooperación.

América Latina ha sido una región pionera, donde “más que apuntar a disciplinas  comerciales específicas no discriminatorias e inclusivas, el foco de los capítulos está puesto en el empoderamiento económico y el adelanto de los derechos de las mujeres”, asegura el estudio de Frohman y Olmos.

En ese contexto, el reporte destaca a Chile como el país que inició hace casi una década con estos acápites. Y actualmente, uno de los pilares de la política comercial chilena es la inclusividad, como refleja la Política Exterior Feminista (PEF) del gobierno de Gabriel Boric, lanzada en 2023 que busca eliminar barreras para una plena incorporación de las mujeres en la economía. 

“La base de una Política Exterior Feminista no tiene nada de extraño: es la convicción por alcanzar un mundo más igualitario (...) Se trata de un paradigma en construcción, que necesariamente se irá actualizando, profundizando y robusteciendo junto con los avances de la misma sociedad y los desafíos del futuro”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, en junio pasado durante el lanzamiento del PEF. 

De esta forma, Chile se convirtió en el primer país sudamericano en implementar una Política Exterior Feminista, sumándose a otro que ya cuentan con una, como Francia, Canadá, Alemania, España, Luxemburgo, México, entre otros.

"Estamos promoviendo la incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos económicos-comerciales y en los foros y organismos multilaterales, dando también

continuidad al trabajo que se ha realizado en este tema en los últimos años y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU", afirma Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) de la Cancillería chilena.

Según la web de la entidad, Chile tiene un liderazgo mundial en materia de género y comercio. El país actualmente tiene capítulos de género y comercio en acuerdos bilaterales vigentes con Uruguay, Canadá, Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. También se incluye un capítulo sobre estas materias en su tratado actualizado con Singapur como Estado Asociado de la Alianza del Pacífico. 

Adicionalmente, se encuentra negociando la incorporación de capítulos de género y comercio con Corea del Sur.

Con ello se busca no solo reconocer la importancia de incorporar una perspectiva de género en la política comercial, “con el objetivo de asegurar que los  beneficios del crecimiento económico se compartan de manera justa, sino también cooperar entre los países para que más mujeres se incorporen en el comercio y los beneficios sean una realidad para empresarias y emprendedoras de nuestros países”, agrega Sanhueza.

El enfoque no es solo bilateral. A nivel multilateral, Chile participó en la creación (junto con Canadá y Nueva Zelandia) del Grupo de Acción de Comercio Inclusivo (ITAG, por sus siglas en inglés). Una iniciativa clave del grupo fue el Acuerdo Global sobre Comercio y Género (GTAGA), que busca promover un enfoque inclusivo del comercio y eliminar las barreras de género y fomentar el empoderamiento de la mujer dentro del comercio internacional, mediante el intercambio de buenas prácticas y de actividades de cooperación.

Con esto, el país  ha impulsado la adhesión de otros países a ambas instancias: al ITAG se han integrado Australia, Costa Rica, Ecuador y México; mientras que al GTAGA se incorporaron -además de los países mencionados- Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

“Y en la reciente Conferencia Ministerial de la OMC, en Dubai, Chile impulsó la inclusión de un párrafo sobre el empoderamiento económico de las mujeres, lo que fue aceptado por las 164 economías miembro, relevando el liderazgo de nuestro país en esta materia”, agrega la subsecretaria Sanhueza.

Concretamente, estos capítulos de género incluyen una diversidad de disposiciones que van desde el reconocimiento mutuo de los compromisos en materia de equidad de género, el desarrollo de actividades de cooperación, compromisos de participación de instituciones públicas. También se realizan reuniones colaborativas que involucran esfuerzos en materia de desarrollo de capacidades, inclusión financiera, liderazgo femenino, desarrollo de redes de mujeres, promoción del espíritu empresarial femenino.

SUBREI destaca, finalmente, la importancia de la recolección de datos estadísticos con enfoque de género, para contar con diagnósticos certeros sobre la realidad de la participación de mujeres en la productividad y exportación. 

“Un ejemplo concreto es la visibilización de las cifras que tenemos en materia de participación de la mujer en el comercio internacional. La discusión de los temas de género, a través de los capítulos que negociamos e implementamos, nos ha permitido mejorar la metodología para medir estos datos y monitorear los impactos que se van generando”, recalca la subsecretaria. 

Muestra de esto es que hasta 2022, cuando se publicó la quinta radiografía de la Mujer Exportadora, el valor de los envíos que realizaban las empresas lideradas por mujeres era del 3% de las exportaciones no cobre de Chile, lo que equivalía a cerca de US$ 1.200 millones. Hoy, con los ajustes realizados a la metodología, este valor aumentó a 37,5% del valor exportado por el país, superando los US$ 16.000 millones. 

MÉXICO, LA OTRA NACIÓN PEF

Desde 2020 México cuenta con una política exterior feminista. De esta forma, el país norteamericano fue uno de los primeros del mundo en adoptar este tipo de compromisos. En tanto, en la región latinoamericana fue el primero en hacerlo.

“A diferencia de otras políticas exteriores feministas, la política mexicana tiene dos vertientes principales: una, centrada hacia el exterior de México, con una perspectiva transversal feminista, y otra, hacia el interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para incrementar el número de mujeres y visibilizar su trabajo”, apuntó Mariana Herrera-Salcedo, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) al medio especializado Foreign Affairs Latinoamérica.

Herrera-Salcedo añade: “Oficialmente, México define su política exterior feminista como una política de Estado, cuyas acciones buscan eliminar las brechas y desigualdades de género, con el objetivo de construir una sociedad más justa, próspera e igualitaria”.

Contar con una política exterior feminista es clave, tomando en cuenta que en 2023 México se convirtió en el país que más exporta a Estados Unidos, superando a China por primera vez en dos décadas.

No obstante, la participación femenina en el comercio exterior mexicana es baja.

Según un análisis del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en México 1 de cada 3 puestos de trabajo asociado a las exportaciones es ocupado por una mujer. “El sector servicios es el que registra una mayor tasa de empleo femenino. Las mujeres cuentan con niveles educativos elevados y ocupan una buena proporción de los sectores vinculados al conocimiento, como son los servicios profesionales”, dice el estudio.

El INTAL prevé que para 2026, uno de cada tres dólares provendrían de las ventas asociadas a servicios, sector con mayor empleo femenino.

“Sin embargo, la mujer seguirá teniendo una menor participación (del 29%) que los hombres (del 71%) en el valor agregado correspondiente al trabajo que genere la recuperación económica. Comercio, manufactura y servicios profesionales son los sectores que se destacarían en el nuevo valor agregado vinculado con el empleo femenino”, acota el instituto.

Pese a que el resto de países latinoamericanos no cuenta con una política de este tipo, sí incluyen este enfoque en la negociación de acuerdos comerciales. Es el caso de Ecuador,  que el mes pasado anunció que el enfoque de género estará incluido en las negociaciones que próximamente sostendrá con Canadá, con miras a establecer un acuerdo comercial bilateral.

La encargada de dar este anuncio fue la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Sonsoles García, quien mostró un estudio sobre género y comercio en el que se analizó la participación femenina en más de 4.500 empresas ecuatorianas, sobre todo en lo referente a la participación de la mujer, las brechas salariales y su representación en los niveles jerárquicos de ese conglomerado.

Dicho informe -según dijo- ha permitido poner en evidencia la importancia y necesidad de emprender acciones que equilibren las oportunidades en el mercado laboral y permitan el progreso y desarrollo profesional de las mujeres.

Adicionalmente, a pesar de que las negociaciones de Ecuador para concretar un TLC con México, con miras a adherirse a la Alianza del Pacífico, están estancadas desde hace más de un año, estas incluyen también capítulos de género.

En tanto, Colombia y Perú por ahora solo se han adherido al acuerdo Global sobre Comercio y Género (GTAGA). Brasil, por su lado, hizo lo mismo la semana pasada al ingresar a este acuerdo.

De esta forma, la inclusión de capítulos de género en los futuros acuerdos comerciales que concreten los países latinoamericanos no garantiza el cierre de las brechas y desigualdades de género.

La OMC, en su estudio “Las mujeres y el comercio: el papel del comercio en la promoción de la igualdad de género” lo resume de esta manera: “Las políticas comerciales sensibles al género son fundamentales para la promoción del empoderamiento económico de la mujer, las cuales deben incluir incentivos financieros y no financieros, la contratación pública y la creación de capacidad”.