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Secreto bancario en juego: pocos beneficios, muchos riesgos

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La Sunat tendrá acceso a datos sensibles de clientes bancarios, como DNI, nombre, número de cuenta, código interbancario (CCI), montos, saldos, entre otros. Esta información debe ser remitida todos los meses por bancos, cajas municipales, cooperativas y financieras para todas las personas naturales o empresas que tengan cuentas por más de S/10 mil.

Así lo establece el reglamento publicado el último domingo del Decreto Legislativo 1434, aprobado en 2018 por el expresidente Martín Vizcarra, como parte de un acuerdo con la OCDE para combatir la evasión y elusión tributaria en el país, pero lo cierto es que la medida implica más riesgos que beneficios, según diversos expertos. El principal peligro está en la seguridad de los datos personales y lo otro es que afecta el secreto bancario, que es un derecho constitucional que solo se puede levantar por orden de un juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso. 

“No puede el Poder Ejecutivo, con una norma de menor jerarquía, levantar el secreto bancario de los peruanos”, comenta el abogado Enrique Ghersi al señalar que esta norma, tal como está planteada, es ilegal y se puede anular a través de una acción popular, una acción de amparo o una acción de inconstitucionalidad. Nadie se puede oponer a combatir la elusión y la evasión, pero no con medidas que afectan las libertades individuales y la seguridad personal.

Además, la Sunat tiene mecanismos para hacerlo, como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que fue creado con ese objetivo y sigue vigente, por lo que no están debidamente justificadas las razones por las que se necesitaría un reporte mensual de las cuentas de los peruanos.

Y aquí viene el otro efecto negativo: cumplir con esos reportes mensuales implica mayores costos financieros y los bancos los trasladarán a los usuarios en comisiones más altas. Es decir, desalentará la bancarización y fomentará la informalidad.