Madrid profundiza en su estrategia de financiación sostenible. Ocho meses de que la comunidad colocara 1.000 millones en un bono a 10 años con la etiqueta sostenible, hoy la región prueba suerte con un bono verde a siete años. Madrid ha logrado levantar 500 millones, importe que desde el inicio no preveía aumentar con independencia de la demanda.

El apetito mostrado por los inversores ha sido empleado para rebajar el coste de financiación. La operación partía con un diferencia de puntos básicos sobre la referencia española a siete años y se ha cerrado con un spread de 11 puntos, el más bajo logrado hasta la fecha por el Gobierno regional. Los bonos devengarán un cupón anual del 0,16%. La demanda que llegó a superar por momentos los 1.500 millones ha quedado finalmente en los 1.200 millones. Esto supone una ratio de cobertura de 2,4 veces la oferta. En la operación participaron 85 inversores. Por nacionalidades, el 72% de los bonos se han colocado entre inversores extranjeros, destacando Alemania, Austria e Italia con un 18%, los países del Benelux con un 14% y Francia un 10%.

En lo que a tipología de inversor se refiere, desde la Comunidad señalan el interés registrado por las gestoras de fondos y bancos con un 38% del volumen total de la emisión cada uno, seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (16%) e instituciones oficiales (8%). BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander fueron los bancos contratados para llevar a buen puerto la emisión.

La financiación verde gana día a día más adeptos. Lo que hasta el momento se circunscribía a empresas y bancos se va ampliando poco a poco a la esfera de las instituciones públicas. La Comunidad de Madrid y el País Vasco fueron las primeras en sumergirse en el universo de deuda verde en 2020. En abril de año pasado y coincidiendo con el apogeo de la financiación sostenible, Madrid colocó 700 millones a siete años al 0,827%. Un mes después fue el turno de Andalucía, que vendió 1.000 millones a diez años.