ECONOMíA ESPAÑA
El futuro pasa por una economía verde

CINCODIAS

Reducir los gases de efecto invernadero es una de las principales herramientas para combatir el cambio climático. La mayoría de países coincide en que es necesario desarrollar programas de descarbonización y de transición hacia una economía más verde y sostenible. El nuevo presidente electo de EE UU, Joe Biden, ya ha anunciado que una de sus máximas prioridades es la puesta en marcha de un Green New Deal que pasa por retomar la senda de los Acuerdos del Clima de París. El objetivo de la nueva Administración demócrata es liderar la lucha contra la emergencia climática revitalizando el sector de la energía e impulsando el crecimiento de toda su economía.

En la misma línea se encuentra la UE, que aboga por conseguir la neutralidad climática de aquí a 2050. Para lograrlo, es esencial acometer la descarbonización del actual modelo energético. Además, la pandemia de la covid-19 ha demostrado lo importante que es vivir en un mundo sostenible. Las últimas propuestas presentadas por el Gobierno de España van también en esta dirección. 

Un ejemplo es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. El proyecto fija una serie de líneas maestras que deben guiar la inversión para transformar el tejido productivo y económico, y plantea una inversión de más de 240.000 millones de euros. Sus pilares se centran en un cambio en el modelo de generación energética hacia instrumentos limpios, la transformación de los edificios en modelos de ahorro de energía, la creación de un amplio parque de automóviles eléctricos y la transición urbana hacia ciudades con bajas emisiones.

En las últimas semanas, el Gobierno también ha publicado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española. Esta hoja de ruta, que guiará la ejecución de los 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, presta especial atención a la transición ecológica.

Así, Banco Santander se ha adherido al Compromiso Colectivo de Acción por el Clima para acelerar la transición del sector financiero hacia una economía baja en carbono. También a la Alianza para la Recuperación Verde (Green Recovery Alliance), promovida por el Parlamento Europeo, para respaldar e impulsar la movilización de paquetes de inversión verdes que actúen como aceleradores de una transición hacia una neutralidad climática y ecosistemas saludables. Además, en la COP25 celebrada en Madrid el pasado año, la entidad se comprometió a ser neutro en carbono en 2020.

El compromiso del banco con el medio ambiente viene de lejos. Ya en 2019, fue líder mundial en financiación de proyectos de energía renovable, con una cartera total de 10.030 millones de euros a cierre de año repartidos en 17 países (166 proyectos eólicos y 145 solares), evitando la emisión de 63 millones de toneladas de CO2. También el pasado año, el banco emitió su primer bono verde por valor de 1.000 millones de euros como punto de partida para un plan global de emisiones sostenible y en junio de 2020 ha emitido un segundo bono por el mismo valor.

Para conseguir todos estos objetivos, es imprescindible concienciar a toda la población y aunar esfuerzos. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo productivo alejado de las fuentes de energía fósiles y de las emisiones de carbono. “Debemos construir una economía verde, lo que demanda un gran cambio no solo en cómo hacemos negocios sino en cómo vivimos”, ha declarado recientemente la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

A nivel local, la entidad promueve numerosas iniciativas en los países en los que opera para lograr sus objetivos globales e impulsar también el crecimiento sostenible entre sus clientes. Una de las últimas llevadas a cabo en España ha sido la creación del primer sello evaluado por AENOR que califica la sostenibilidad de las pymes españolas para ayudar a empresas de hasta 50 millones de facturación a obtener un rating de sostenibilidad que les permita diferenciarse con sus clientes y proveedores y a estructurar, conocer y mejorar la información y el nivel de implantación de ámbitos de la sostenibilidad que puedan necesitarse en determinados concursos públicos.