ECONOMíA ARGENTINA
Congreso argentino aprobó versión recortada de la "Ley Ómnibus": ¿qué medidas económicas podría tomar Milei de ahora en adelante?

La Cámara de Diputados aprobó el extenso proyecto de ley que el gobierno de Javier Milei busca utilizar para desregularizar la economía del país rioplatense.

AMERICA ECONOMIA

La espera finalmente terminó: el pasado viernes 2, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el borrador final de la llamada “ley ómnibus”, con 144 votos a favor y 109 en contra. El apoyo de la “oposición dialogante”, encabezada por Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR), fue determinante, aunque la decisión de la Cámara Baja corresponde a la ley en sus “lineamientos generales”, por lo que el pleno aún debatirá los artículos en particular. Se abre así un nuevo capítulo en la lucha del gobierno de Javier Milei por sacar adelante su plan de gobierno liberal en un escenario de bajo apoyo político. 

Oficialmente conocida por el nombre pomposo de “Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el proyecto de Milei debió pasar por un intenso ajuste que eliminó varios artículos polémicos. Para empezar, tras la firma del dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, el documento pasó de 664 artículos a 584. En esta etapa, se dejaron de lado varias iniciativas controversiales como modificaciones a los regímenes de pesca y protección de bosques. Mientras que el proyecto que imponía multas máximas como sanción a organizadores de manifestaciones sociales tampoco pasó el visto bueno.  

Posteriormente, ante los reclamos de los parlamentarios opositores, el gobierno eliminó por completo el capítulo fiscal de la ley y así, quedaron 382 artículos. Esta sección contenía reformas vinculadas al adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de fórmula jubilatoria. Si bien el objetivo era reducir al mínimo el déficit fiscal con estos proyectos, lo cierto es que la ley aprobada aún permite al gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, seguridad, tarifaria, energética y administrativa.

De esta forma, Milei podría introducir decretos ley que introduzcan las reformas fiscales del proyecto original. Pero cabe destacar que el plazo de la emergencia ha sido reducido de dos años a uno solo. A su vez, este régimen solo se puede ampliar por 12 meses más. Como se recuerda, el proyecto original permitía la posibilidad de extender el Estado de Emergencia a otras áreas como seguridad y defensa, pero la oposición fue tajante en su rechazo.

No obstante, para Jaime Reusche, vicepresidente del grupo Moody’s Investors Service, lo esencial es que se mantenga la posibilidad de declarar la emergencia económica. “Por más que se diluyan las medidas y los artículos de la reforma en la negociación con la legislatura, con tal de que pase la normativa legal para darle facultades al Ejecutivo de liberalizar sectores en la economía y sentar las bases para hacer cambios estructurales, se abre un primer paso importante en el proceso de ajuste”, dice Reusche a AméricaEconomía. 

Por otro lado, la posibilidad de la declaración de emergencia económica ha valido las críticas airadas de los diputados peronistas, quienes acusan a Milei de autoritario y utilizar la ley como “caballo de Troya” para impulsar el resto de su agenda. De acuerdo con Pablo Lacoste, economista argentino y docente en la Universidad de Santiago de Chile, las críticas del Partido Justicialista son una muestra de cinismo. “El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), utilizado por Milei y que los peronistas critican, fue introducido en la Constitución Nacional de 1994, que ellos mismos aprobaron. Posteriormente, los Kirchner gobernaron durante dos décadas con superpoderes mediante decretos de urgencia”, afirma Lacoste. 

Asimismo, el académico resalta que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se estableció que cuando el presidente emite un DNU la única forma de derribarlo es si las dos cámaras del Congreso lo rechazan. “Basta que una de las dos no lo rechace para que el decreto quede firme. Por lo tanto, cuando los kirchneristas critican a Milei de autoritario, están incurriendo en un acto de hipocresía máxima. Para ellos, esa práctica no es autoritaria, siempre y cuando la utilicen ellos”, destaca Lacoste.

Otra medida polémica de la “Ley Ómnibus” original abarcaba la privatización de 41 empresas públicas. En este grupo, se encontraban corporaciones emblemáticas como Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Banco Nación, Fabricaciones Militares y la agencia de noticias Télam. Sin embargo, las negociaciones finalmente retiraron a YPF de la lista, aunque permanecerá como una empresa mixta bajo control del gobierno, en la que el 51% de sus acciones serán públicas. Según Lacoste, el rechazo de la privatización tuvo que ver con el papel de la Unión Cívica Radical (UCR) en el parlamento.

Se trata de un partido de centro izquierda que fue la oposición tradicional del peronismo durante décadas, pero cuya popularidad se vio afectada por su rol protagónico en la crisis económica de 2001. Con el paso de los años, se volvieron aliados de Propuesta Republicana (PRO), el partido conservador del expresidente Mauricio Macri y en estos días, han manifestado apoyo a las medidas de la administración Milei. Sin embargo, el hecho que YPF haya sido fundada en 1922, durante el primer gobierno radical, pesó por cuestiones simbólicas. “Entonces, la UCR por un tema de dignidad y coherencia nunca va a aprobar la privatización de YPF”, sostiene Lacoste.

Desde su perspectiva, otras empresas públicas no deberían privatizarse por su “nulo valor de mercado”. Por ejemplo, Lacoste considera que el Banco Nación está totalmente obsoleto y dispone de una metodología de trabajo atrasada, pero podría modernizarse y convertirse en un banco competitivo. “Es necesario, porque al no tener fines de lucro puede tener sucursales en muchas ciudades y pueblos pequeños donde un banco privado no justificaría financiar nuevas sucursales”, aclara. En cuanto a Aerolíneas Argentinas, el hecho que reciba subsidios anuales de US$ 500 millones y esté operada por militantes de La Cámpora, organización política de apoyo al peronismo, la vuelve inviable para su venta.

Por otra parte, aunque el Senado argentino ratifique el apoyo a la Ley de Bases y el gobierno libertario consiga la declaración de emergencia económica, el éxito no está garantizado para Milei. 

“Se requieren de muchas otras leyes complementarias y de un esfuerzo fiscal tremendo, el cual se complica si no se le dan las herramientas al Ejecutivo para orquestar el proceso de sanar la economía argentina”, sostiene Jaime Reusche. El analista de Moody’s advierte además que si el Ejecutivo argentino no recibe el apoyo suficiente para declarar la emergencia económica, se vería obligado a implementar un ajuste fiscal sin el beneficio de ver un rebote más fuerte de la economía tras la contracción. De esta forma, se daría un ajuste incompleto donde el crecimiento del PIB se vería estancado y las finanzas externas se mantendrían precarias. “Hablamos de un equilibrio frágil donde el riesgo de que se revierta el progreso en reducción del déficit estaría latente”. 

En la misma línea, para Pablo Lacoste, Milei tiene el reto casi imposible de revertir “la cultura del déficit fiscal” que ha dominado la política argentina desde el primer ascenso al poder del general Juan Domingo Perón en el golpe de Estado de 1943. Fue una tendencia que no cambió durante los gobiernos radicales o militares y ni siquiera cuando durante la década de 1990, el peronista Carlos Menem introdujo reformas neoliberales. “Menem mantuvo la tradicional política argentina del déficit fiscal crónico. Nos impuso la ley de convertibilidad que igualaba el valor del peso al dólar estadounidense y financió esta prosperidad con deuda externa. Por eso, luego estalló la crisis de 2001”, recuerda Lacoste.

Llegado este punto, Milei tiene la tarea de revertir una tradición de estancamiento económico que se caracteriza por desincentivar el empleo en la empresa privada, así como expandir el gasto público sin respaldo. “Aunque tengamos una economía parada hace 12 años, el Estado debe pagar hoy 20 millones de cheques por mes entre jubilados, pensionados, empleados públicos nacionales, provinciales y municipales”, sostiene Lacoste. De esta forma, tras la primera aprobación de la “Ley Ómnibus”, el gobierno de Milei ha dado solo un primer paso en el reto titánico de liberalizar la economía argentina. Mientras tanto, aún no se sabe cuánto durará la “luna de miel” entre el economista libertario y el grueso de la población argentina.