ECONOMíA ESPANA
Los sectores afectados piden que se retrase a 2024 el nuevo impuesto al plástico

CINCODIAS

Bajo el lema de “quien contamina paga”, muchas son las fórmu­las tributarias que se están poniendo en marcha por parte de los Estados. Fórmulas que en muchas ocasiones juegan un papel importante en el uso restrictivo de estos productos contaminantes más que por su importancia recaudatoria, que normalmente suele ser reducida.

Una de estas figuras es el impuesto sobre el plástico no reutilizable (IPNR), que comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de enero de 2023. Regulado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, a fecha de hoy, a seis meses para su entrada en vigor, es un impuesto que nace con vocación ecológica, que sigue siendo un perfecto desconocido para la mayor parte de las empresas que deben abonarlo y que además experimentará multitud de problemas para ponerlo en marcha.

Uno de estos inconvenientes que va a traer consigo la puesta en marcha de este nuevo tributo va a ser el incremento de los costes de gestión de las compañías implicadas en esta tributación. Indirectamente contribuirá a elevar en origen los precios de determinados productos implicados en el uso de estos plásticos para su embalaje y transporte.

Este grado de conocimiento, como la complejidad de poner en marcha este nuevo tributo, es el que ha provocado que organizaciones agrarias y patronales de supermercados, industria de los alimentos, fabricantes y distribuidores y otros sectores que conforman la cadena de valor pidieran este lunes retrasar hasta el 1 de enero de 2024 la entrada en vigor de este nuevo impuesto, según noticia de Servimedia. Consideran que “no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor”.

La escalada de los precios del gas y la electricidad está causando “un grave impacto en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación”, lo que se une a los impactos derivados de la guerra de Ucrania, entre los que destacan el desabastecimiento de materias primas, falta de suministros básicos como fertilizantes o combustibles, así como los problemas derivados por la pandemia.

Su queja va en la línea de la complejidad que supone poner en marcha un impuesto como este, que necesita un desarrollo reglamentario que explique detalladamente los procedimientos y trámites administrativos a seguir, crear documentación y desarrollar aplicaciones informáticas para su gestión.

Este nuevo impuesto persigue la reducción del consumo de plástico no reutilizable, material que en la mayor parte de las ocasiones forma parte del envasado o el packaging de una multitud de productos, ya sean de uso cotidiano o industrial.

El hecho imponible estará determinado por la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de bienes. La excepción que contempla la ley son los medicamentos, productos agrícolas, productos reutilizables y reciclado mecánico certificado, que estarán exentos de tributación.

Por ello, sectores como el de automoción, la alimentación, el textil, el transporte o el de componentes industriales serán los principales contribuyentes, al ser los que más cantidad de este plástico utilizan, de ahí que sean estos sectores los que han lanzado la voz de alarma para su puesta en marcha en poco más de seis meses.

Sin embargo, la polémica va a estar servida. Según señalaba hace unos días a CincoDías Faysal Assakale, mánager de Fiscal Ayming España, las cifras recaudatorias no van a ser muy importantes y el problema con que se iban a encontrar un amplio número de empresas “sería la gestión del nuevo impuesto, llevar al día la declaración, los pagos...”.

El tipo impositivo a aplicar de este nuevo impuesto especial asciende a 0,45 euros por kilogramo. La cuota a ingresar será la aplicación del tipo impositivo a la base imponible expresada en kilogramos.

A esta cuota se podrán aplicar, tal y como recoge la norma, deducciones que la minoren, y en el supuesto de haber soportado más impuesto, se puede solicitar su devolución de forma parecida al procedimiento que se lleva a cabo con el IVA.