Hace unas semanas, el senador Jorge Querey presentó ante el Senado un proyecto de ley para eliminar el secreto bancario, durante una reunión se analizó las implicancias que tendría modificar ese aspecto en la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay (BCP). 

“Es un debate interesante, el secretario bancario es una variable del secreto profesional aplicable a la actividad financiera que también existe en otras, el secreto bancario está en nuestro sistema legal y en todo el mundo”, explicó el senador liberal. La iniciativa de esta propuesta se dio ante un contexto político y electoral dentro de la clase legislativa.

Recuerda que el secreto bancario es un requisito fundamental para un sistema saludable financieramente, teniendo en cuenta que es poco probable que un cliente vaya a confiar su dinero o movimiento de sus actividades financieras a una institución donde pueda filtrarse sus datos confidenciales de sus operaciones.

“El secreto bancario está atado a la confianza, eso garantiza que el sistema bancario financiero pueda estimular el crecimiento de un país y estimular el crecimiento del servicio financiero, si no existiera podría ocasionar la fuga de capitales o inversiones”, sostuvo.

Excepciones vigentes

Este apartado normativo tiene su razón, en la primera ley vigente ya estaba previsto y se establecía excepciones para acceder a ese tipo de información. Ahora con la última que está en vigencia desde el 2018, se modificaron las excepciones, se extendieron las instituciones que pueden acceder a la información como la Contraloría General para manejar la información, al Poder Judicial que son solicitados por orden judicial para una investigación y al Congreso Nacional.

Las otras partes que manejan estos datos para regular el sistema y el funcionamiento son la Superintendencia de Bancos y las instituciones financieras que reportan a Seprelad si hay información sospechosa. Finalmente, destaca que se reafirma el secreto bancario con la Constitución Nacional, donde establecen el derecho a la privacidad y la inviolabilidad del patrimonio documental privado.

“El derecho bancaria es una institución que debe seguir existiendo, debe tener limitaciones al acceso de esta información, pero tiene que haber un mecanismo de acceso garantizado en caso de que exista investigación judicial”, dijo.